JURISPRUDENCIA – CONSEJO DE ESTADO 08001-23-33-000-2012-00453-01 21906 SENTENCIA

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FECHA: 25/04/2018
SECCION: SECCIÓN CUARTA
PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
ACTOR: ZOOCRIADERO COLOMBIAN CROCO LTDA
DEMANDADO: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
DECISION: INHIBITORIO

 

 

Category:
  • LEY 1437 DE 2011- ARTÍCULO 43
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 260-1
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 260-2
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 260-4
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 260-8
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 260-9
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 260-10
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 450 NUMERAL 9
  •  LEY 863 DE 2003 – – ARTÍCULO 42
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 44
  •  LEY 1607 DE 2012- ARTÍCULO 118
  •  LEY 1607 DE 2012- ARTÍCULO 119
  •  LEY 1819 DE 2016
  •  CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29
  •  LEY 1819 DE 2016 – ARTÍCULO 282 PARÁGRAFO 5
  •  LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188
  •  LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 361
  •  LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365 NUMERAL 8

ACTO DEFINITIVO – Noción / ACTO DEFINITIVO DEMANDABLE ANTE LA JURISDICCIÓN – Noción / ACTOS NO DEMANDABLES ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – Alcance / AUTO DE APERTURA – Naturaleza jurídica. Es un acto de trámite no susceptible de control jurisdiccional / CONTROL DE LEGALIDAD DE AUTO DE APERTURA – Improcedencia / EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR – Naturaleza jurídica. Es un acto de trámite / CONTROL DE LEGALIDAD DE EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR – Improcedencia / PLIEGO DE CARGOS – Naturaleza jurídica. Es un acto de trámite / CONTROL DE LEGALIDAD DE PLIEGO DE CARGOS – Improcedencia / CONTROL DE LEGALIDAD DE ACTO NO DEMANDABLE – Inhibición

Según el artículo 43 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, los actos definitivos susceptibles de ser demandados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, son “los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”. De manera que únicamente las decisiones de la Administración, provenientes de un procedimiento administrativo o los actos que hacen imposible la continuación de la actuación o que decidan de fondo el asunto, son susceptibles de control de legalidad por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, los “actos preparatorios, de trámite y de ejecución que, como tales, se limitan a preparar, impulsar la actuación administrativa, o dar cumplimiento a la decisión, no son demandables”. En el caso bajo estudio, la demandante solicitó la nulidad del auto de apertura No. 022382011000274 de 2 de febrero de 2011, el emplazamiento para declarar No. 022382011000009 de 2 de febrero de 2011 y el pliego de cargos No. 0222382011000095 de 17 de febrero de 2011. Habida cuenta de que estos actos administrativos son de trámite, pues no crean, modifican o extinguen una situación jurídica, no son susceptibles de control jurisdiccional, por lo que la Sala se inhibirá para decidir de fondo respecto de estos autos.

RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA – Objeto / RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA – Facultad de la DIAN / RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA – Obligaciones / VINCULACIÓN ECONÓMICA POR VENDER A LA MISMA EMPRESA O A EMPRESAS VINCULADAS ENTRE SÍ EL CINCUENTA POR CIENTO O MÁS DE LA PRODUCCIÓN – Derogatoria / OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA INDIVIDUAL DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN VIGENCIA DE LA LEY 1607 DE 2012 – Supuestos. Ya no tiene como referente los vinculados económicos, sino los vinculados previstos en los artículos 260-1 y 260-2 del Estatuto Tributario / SANCIÓN POR NO PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA INDIVIDUAL DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL AÑO GRAVABLE 2006 A PRODUCTOR QUE VENDE EL CINCUENTA POR CIENTO O MÁS DE SU PRODUCCIÓN A UNA MISMA EMPRESA O A EMPRESAS VINCULADAS ENTRE SÍ – Ilegalidad por desaparición de la obligación de declarar

Para el periodo gravable en discusión, los artículos 260-1 y siguientes del Estatuto Tributario, regulaban el régimen de precios de transferencia que se aplicaba solo a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que celebraran operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior. La Sala ha señalado que “el propósito que se persigue con ese régimen es el de que, en la liquidación del impuesto sobre la renta, los contribuyentes del impuesto colombiano que realizan operaciones con vinculados económicos en el exterior, cuantifiquen los ingresos, costos y deducciones derivados de esas operaciones a valores comparables entre partes independientes, para que prevalezcan los precios de mercado y no los que, eventualmente, puedan fijar contractualmente las partes de manera conveniente, habida cuenta de la vinculación existente”. Por su parte, el artículo 260-1 inciso 2° del Estatuto Tributario autorizó a la DIAN para que, en desarrollo de las facultades de verificación y control, determinara los ingresos ordinarios y extraordinarios, al igual que los costos y deducciones de las operaciones que los contribuyentes del impuesto de renta realicen con vinculados económicos o partes relacionadas, “mediante la determinación del precio o margen de utilidad a partir de precios y márgenes de utilidad en operaciones comparables con o entre partes no vinculadas económicamente, en Colombia o en el exterior”. Y, el inciso 6° precisó que los precios de transferencia solo producen efectos en la determinación del impuesto sobre la renta. Con tal fin, el artículo 260-8 del Estatuto Tributario dispuso que los contribuyentes del impuesto de renta deben presentar anualmente una declaración informativa de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior. A su vez, el artículo 260-4 ibídem previó que dichos contribuyentes deben preparar y enviar la documentación comprobatoria por cada tipo de operación, para demostrar la correcta aplicación de las normas del régimen de precios de transferencia. En el año 2006, para saber quiénes eran vinculados económicos, había que remitirse al artículo 450 del Estatuto Tributario, que, entre otros, señalaba en el numeral 9º como vinculado económico al productor que vendía a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, el cincuenta por ciento (50%) o más de su producción. No obstante lo anterior, los artículos 118 y 119 de la Ley 1607 de 2012 modificaron los artículos 260-8 y 260-9 del Estatuto Tributario, por lo que para efectos de establecer la obligación de presentar la declaración informativa de precios de transferencia, se observa que el artículo 119 de la Ley 1607 de 2012 no alude a los vinculados económicos, sino que se refiere a los vinculados establecidos en los artículos 260-1 y 260-2 del Estatuto Tributario. Así pues, si bien el artículo 260-10 del Estatuto Tributario sancionaba a quienes omitieron la obligación de presentar la declaración de precios de transferencia, por haber realizado la operación descrita en el numeral 9 del artículo 450 del Estatuto Tributario, actualmente esta operación no está prevista en los supuestos de vinculación relacionados en el artículo 260-1 del Estatuto Tributario, por lo que no es sancionable la omisión de presentar la declaración informativa de precios de transferencia en los términos del artículo 260-10 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1819 de 2016.

SANCIÓN POR NO PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA INDIVIDUAL Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL AÑO GRAVABLE 2006 A PRODUCTOR QUE VENDIÓ EL CINCUENTA POR CIENTO O MÁS DE SU PRODUCCIÓN A UNA MISMA EMPRESA O A EMPRESAS VINCULADAS ENTRE SÍ – Aplicación del principio de favorabilidad por derogación de la conducta sancionada / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN EL RÉGIMEN SANCIONATORIO TRIBUTARIO – Aplicación oficiosa de la norma más favorable, aunque sea posterior

[S]i bien es cierto, que los hechos que dieron lugar a la sanción acontecieron en el año 2006 y los actos administrativos enjuiciados [Resolución sanción 022412011000694 de 14 de junio de 2011 y Resolución 900160 de 10 de julio de 2012 que la confirmó], fueron proferidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012 [enero del año 2013], también lo es, que en virtud del cambio de normativo, ya no es objeto de sanción la omisión en la presentación informativa de los precios de transferencia, ni la respectiva documentación probatoria, cuando el productor colombiano vende a un cliente en el exterior el 50% o más de su producción. Por lo tanto, procede la aplicación del principio de favorabilidad previsto en el artículo 29 de la Constitución Política y en el parágrafo 5 del artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, que consagró que este principio se “aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior”. En relación con la aplicación del principio de favorabilidad la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación ha señalado que el principio de favorabilidad cuando es aplicable en materia sancionatoria administrativa, constituye un imperativo constitucional, y por ende, bien puede ser aplicado a solicitud de parte, o de oficio por la autoridad juzgadora competente. En consecuencia, la Sala procederá de oficio a dar aplicación al principio de favorabilidad en el presente asunto, pues a pesar de tratarse de una norma posterior a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la imposición de la sanción, resulta aplicable porque crea una situación más favorable a la sociedad demandante.

CONDENA EN COSTAS – conformación / CONDENA EN COSTAS EN PROCESOS EN LOS QUE SE VENTILE UN INTERÉS PÚBLICO – Improcedencia / CONDENA EN COSTAS – Reglas. Aplicación conjunta con el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso / CONDENA EN COSTAS – Naturaleza / CONDENA EN COSTAS – Improcedencia por falta de prueba de su causación

De acuerdo con los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 361 del Código General del Proceso, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla que no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público. Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas (…) Respecto a la condena en costas de que trata el Código General del Proceso, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente: “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”. Subraya la Sala En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 4 del artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), por cuanto se revoca la sentencia de primera instancia. Sin embargo, como lo ha precisado la Sala, estas circunstancias deben analizarse en conjunto con la regla del numeral 8, que dispone que “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

NOTA DE RELATORÍA: En relación con los actos demandables ente la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se cita la sentencia de 29 de noviembre de 2012, radicado 08001-23-31-000-2006-00107-01(17274), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

NOTA DE RELATORÍA: En relación con la modificación de la normativa aplicable para establecer la obligación de presentar la declaración informativa individual de precios de transferencia se reiteran las sentencias de la sección Cuarta del Consejo de Estado de 8 de noviembre de 2017, radicado 25000-23-37-000-2012-00024-01(20268), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; 22 de febrero de 2018, radicado 68001-23-33-000-2013-00675-01(21199), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y de 7 de marzo de 2018, radicado 05001-23-33-000-2012-00042-01(20317), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez

JURISPRUDENCIA – CONSEJO DE ESTADO 08001-23-33-000-2012-00453-01 21906 SENTENCIA

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