JURISPRUDENCIA – CONSEJO DE ESTADO 05001-23-33-000-2012-00586-01 21226 SENTENCIA

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FECHA: 16/11/2016
SECCION: SECCION CUARTA
PONENTE: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS (E)
ACTOR: AVERY DENNISON RETAIL INFORMATION SERVICES COLOMBIA S.A. sigla AVERY DENNISON RIS COLOMBIA o AD RIS COLOMBIA S.A.
DEMANDADO: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
DECISION: ACCEDE

 

 

Category:
  • ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 260-4
  • ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 260-10
  •  DECRETO 4349 DE 2004 – ARTICULO 1 LITERAL A
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 260-2 PARAGRAFO 2

REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA – Se aplica a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que en el año gravable hayan celebrado operaciones con vinculados económicos o partes del exterior / DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PRECIOS DE TRANSFERENCIA – El plazo para su corrección no es el mismo señalado para que quede en firme la declaración de renta / CORRECCION DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIOA EN PRECIOS DE TRANSFERENCIA – Se puede corregir incluso con ocasión del recurso de reconsideración contra la liquidación de revisión / TERMINO PARA CORREGIR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA – La normativa tributaria no contempla un plazo para su corrección antes o después de notificado el requerimiento / PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LAS SANCIONES – Significa que la sanciones que puede imponer la administración son las determinadas previamente y en forma precisa en la ley / SANCION DE TENER COMO NO PRESENTADA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA – No existe en la ley tributaria / CORRECCION CON OCASION DEL RECURSO DE RECONSIDERACION – Es válida respecto a la documentación comprobatoria controvertida por la administración

El régimen de precios de transferencia consagrado en el Capítulo XI del Libro Primero del Estatuto Tributario se aplica a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que en el año gravable hayan celebrado operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior y que en tales condiciones para determinar sus ingresos, costos y deducciones, deben utilizar los precios o márgenes de utilidad como si las hubieran realizado en operaciones comparables con o entre partes independientes. (…) La Sala precisa que si bien la declaración informativa individual de precios de transferencia, sus anexos y la documentación comprobatoria tienen efectos directos en la determinación del impuesto sobre la renta de los contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia, esto no significa que el plazo para corregir esa información sea el mismo plazo previsto en la ley para que quede en firme la declaración de renta. Lo anterior, porque no existe norma que expresamente así lo determine. En efecto, en relación con la documentación comprobatoria, el artículo 260-10 del Estatuto Tributario señala, en lo pertinente, lo siguiente: (…) La norma parcialmente transcrita no prevé que la documentación comprobatoria deba corregirse antes de la notificación del requerimiento especial en renta. Por el contrario, permite que se subsanen las omisiones relacionadas con dicha documentación incluso después de expedida la liquidación oficial de revisión, lo que permite inferir que la documentación comprobatoria puede corregirse, también, con ocasión del recurso de reconsideración. En consecuencia, si bien el artículo 260-10 del E.T prevé unas sanciones pecuniarias por presentar la documentación comprobatoria de manera extemporánea, con errores o cuando la información de dicha documentación no corresponda a lo solicitado o no permita verificar la aplicación de los precios de transferencia, y determina los eventos y términos en que procede la reducción de la sanción, dicha norma no fija un plazo límite para la corrección de la documentación comprobatoria. Tampoco prevé que la consecuencia, por ejemplo, de presentar la corrección a la documentación comprobatoria después de la notificación del requerimiento especial sea tener dicha documentación como no presentada. Se debe tener en cuenta que la determinación de estas sanciones obedece al principio de legalidad , conforme con el cual las sanciones que puede imponer la Administración son aquellas que están determinadas previamente y de forma precisa en la ley. (….) Así pues, para que la Administración Tributaria pueda imponer una sanción, previamente la ley debe definir de manera inequívoca tanto la conducta sancionable como la sanción correspondiente. A contrario sensu, la Administración no puede imponer sanciones que no existan en la ley ni crear sanciones, aunque resulten convenientes, pues ello implica la violación del principio de legalidad de las sanciones y las penas. Por lo anterior, para que pueda aplicarse la sanción de tener por no presentada la documentación comprobatoria presentada después de la notificación del requerimiento especial, dicha sanción debe estar prevista expresamente en la ley. No obstante, esta sanción no existe en la ley tributaria. Por lo tanto, los declarantes de renta pueden corregir voluntariamente, o por solicitud de la administración, la documentación comprobatoria, aun después de habérseles notificado el requerimiento especial. En consecuencia, la corrección a la documentación comprobatoria presentada el 11 de julio de 2011, esto es, con ocasión del recurso de reconsideración, debe tenerse como válida.

DOCUMENTACION PROBATORIA EN PRECIOS DE TRANSFERENCIA – No era obligatorio presentarla cuando los ingresos por el año gravable 2007 eran inferiores a $ 216.850.000 / ADICION DE INGRESOS DEL EXTERIOR – Es improcedente cuando el contribuyente demuestra que los declarados son realmente los obtenidos / PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE INVENTARIOS CON BASE EN LA MEDIANA – Se acepta cuando el cálculo efectuado por el contribuyente no fue desvirtuado por la DIAN

Según el formato 1125 (que hace parte de la declaración informativa de precios de transferencia por el año gravable 2007), en dicho año gravable, la actora recibió “otros ingresos” de su compañía vinculada en el exterior PAXAR PERÚ S.A. por $317.530.000. No obstante, la actora corrigió la documentación comprobatoria con base en la cual elaboró la DIIPT y demostró que el valor de tales ingresos no fue de $317.530.000, sino de $14.284.000. Por lo tanto, no estaba obligada a preparar documentación comprobatoria, respecto de esta operación, pues el monto anual acumulado de los ingresos que la demandante obtuvo de PAXAR PERU SAC en el año 2007 ($14.283.897) por concepto de “otros ingresos” fue inferior al exigido en el literal a) del artículo 1º del D.R. 4349 de 2004 para presentar dicha documentación ($216.850.000). (…) Por todo lo expuesto, no procedía la adición de ingresos del exterior, pues los valores declarados fueron los que realmente obtuvo la actora por concepto de “otros ingresos”, como se encuentra debidamente probado. En cuanto al rechazo de costos en el exterior, se observa que a pesar de tener como válida la corrección provocada, la DIAN no aceptó la modificación presentada por la actora para disminuir costos por $431.995.000, y confirmó el valor determinado en la liquidación oficial de revisión, así: (…) Además, según el demandante, una vez corregida la declaración de renta de 2007, con ocasión del recurso de reconsideración, con base en la modificación a la documentación comprobatoria, la operación “compra neta de inventarios para producción” se ajustó a la mediana de este segmento, es decir, a la mediana del rango de que trata el parágrafo 2º del artículo 260-2 del Estatuto Tributario. Esta conclusión no fue desvirtuada por la DIAN en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, porque no tuvo en cuenta la documentación comprobatoria. (…) Dado que el contenido mismo de la modificación no fue cuestionado por la DIAN y, se insiste, la corrección a la declaración de renta que reflejó dicha modificación fue reconocida por la DIAN, la Sala tiene como válidas tanto la modificación a la documentación comprobatoria como la corrección a la declaración de renta del año gravable 2007. 

NOTA DE RELATORIA: Sobre la justificación del régimen de precios de transferencia se cita la sentencia de la Corte Constitucional C-815 de 2009, M.P. Nilson Pinilla 

NOTA DE RELATORIA: Sobre el principio de legalidad de las sanciones se cita la sentencia de la Corte Constitucional C-475 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

JURISPRUDENCIA – CONSEJO DE ESTADO 05001-23-33-000-2012-00586-01 21226 SENTENCIA

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