JURISPRUDENCIA – CONSEJO DE ESTADO 05001-23-33-000-2013-00024-01 20670 SENTENCIA

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FECHA: 25/04/2016
SECCION: SECCION CUARTA
PONENTE: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA
ACTOR: C.I. GRUPO ESPIRAL S.A.S.
DEMANDADO: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
DECISION: ACCEDE PARCIALMENTE

 

 

Category:
  • ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 260-1
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 260-8
  •  LEY 863 DE 2003 – ARTICULO 44
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 260-10 LITERAL B)
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 260-11 LITERAL B)
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 260-11 LITERAL B) NUMERAL 1)
  •  LEY 1607 DE 2012 – ARTICULO 121

REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA – Se aplica a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior / DECLARACION INFORMATIVA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIAS – A partir de la Ley 863 de 2003 le son aplicables las sanciones especificas del artículo 260-10 del Estatuto Tributario

Los artículos 260-1 y siguientes del Estatuto Tributario regulan el régimen de precios de transferencia que se aplica solo a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior. Este régimen obliga a que los contribuyentes del citado impuesto determinen los ingresos, costos y deducciones teniendo en cuenta para tales negociaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado en operaciones comparables con o entre partes independientes, para que prevalezcan los precios de mercado y no los fijados por las partes artificialmente en razón de la vinculación que poseen, con el ánimo de reducir su carga tributaria. Por su parte, el artículo 260-1 inciso 2° del Estatuto Tributario facultó a la DIAN para que, en desarrollo de las facultades de verificación y control, determinara los ingresos ordinarios y extraordinarios, al igual que los costos y deducciones de las operaciones que los contribuyentes del impuesto de renta realicen con vinculados económicos o partes relacionadas, “mediante la determinación del precio o margen de utilidad a partir de precios y márgenes de utilidad en operaciones comparables con o entre partes no vinculadas económicamente, en Colombia o en el exterior”. Y, el inciso 6° de la misma norma precisó que los precios de transferencia solo producen efectos en la determinación del impuesto sobre la renta. Con tal fin, el artículo 260-8 del Estatuto Tributario dispuso que los contribuyentes allí indicados deben presentar anualmente una declaración informativa de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas. Y el artículo 260-4 del mismo estatuto previó que dichos contribuyentes deben preparar y enviar la documentación comprobatoria por cada tipo de operación, para demostrar la correcta aplicación de las normas del régimen de precios de transferencia. En su redacción original, el artículo 260-8 E.T. establecía que a la declaración informativa le son aplicables, en lo pertinente, las normas del Libro Quinto del Estatuto Tributario, que, entre otros aspectos, regulan las sanciones que se generan por el incumplimiento de las obligaciones tributarias. No obstante, el artículo 44 de la Ley 863 de 2003 eliminó dicha remisión, y el artículo 46 de la misma ley modificó el artículo 260-10 del Estatuto Tributario en el sentido de fijar las sanciones relativas a la documentación comprobatoria y la declaración informativa.

SANCION POR EXTEMPORANEIDAD EN PRECIOS DE TRANSFERENCIA – De conformidad con el artículo 260-10 del E.T., equivale al 1% de las operaciones con vinculados económicos / SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD DE LA DECLARACION INFORMATIVA – La prevista en la Ley 1607 de 2012 es más favorable que la señalada en el artículo 260-10 del Estatuto Tributario / SANCION MAXIMA POR EXTEMPORANEIDAD EN PRECIOS DE TRANSFERENCIA – Con la Ley 1607 de 2012 se disminuyó de 39.000 UVT A 1.920 UVT

Por su parte, el artículo 260-10, lit. B, numeral 1 del Estatuto Tributario, relativo a la sanción por extemporaneidad en la presentación de la declaración informativa, previó que esta equivale al 1% del valor total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas durante la vigencia fiscal correspondiente, por cada mes o fracción de mes calendario de retardo en la presentación de la declaración, sin que exceda de 39.000 UVT. Y el literal B) numeral 2) de la misma norma dispuso que dicha sanción será del doble si la declaración informativa se presenta con posterioridad al emplazamiento para declarar. Igualmente, el artículo 260-10 lit. B num. 4 inciso 10 del E.T señaló que “Cuando el contribuyente no liquide en su declaración informativa las sanciones aquí previstas, a que estuviere obligado o las liquide incorrectamente, la Administración Tributaria las liquidará incrementadas en un treinta por ciento (30%), de conformidad con lo establecido en el artículo 701 de este Estatuto”.(…) Las sanciones previstas en el artículo 260-10 del Estatuto Tributario fueron modificadas por el artículo 121 de la Ley 1607 de 2012, que actualmente corresponde al artículo 260-11 del E.T.(…) Toda vez que la sanción del artículo 260-10 literal B) numeral 2) del Estatuto Tributario corresponde al 2% de las operaciones realizadas con vinculados económicos por el periodo gravable, por cada mes o fracción de mes de retardo en la presentación de la declaración, limitada a 39.000 UVT, es evidente que la sanción por extemporaneidad prevista en el artículo 260-11 literal B) numeral 1) literal b) inciso 2 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 121 de la Ley 1607 de 2012 es más favorable. Ello, por cuanto de acuerdo con la última norma en mención, para operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia que sean inferiores a 80.000 UVT ($2.010.560.000 para el año 2011), que es el caso de la actora, la sanción por extemporaneidad equivale a 160 UVT por cada mes o fracción de mes, siendo la máxima sanción la equivalente a 1.920 UVT ($48.253.000 para el año gravable 2011). Sin embargo, si se aplica la sanción del artículo 260-10 literal B numeral 2) del E.T, independientemente del monto de las operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia, la sanción por extemporaneidad corresponde, en general, al 2% de ese valor y el límite de la sanción son 39000 UVT ($502.640.000 para el año gravable 2011), que es superior al límite del artículo 260-11 del literal B) numeral 1) literal b) inciso 2 del E.T.

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD DEL REGIMEN SANCIONATORIO – Se aplica a partir de la Ley 1607 de 2012 a las situaciones no consolidadas / SITUACION JURIDICA NO CONSOLIDADA – En este caso es posible aplicar la norma sancionatoria más favorable / DEBIDO PROCESO – Se debe reconocer a las personas cuando acuden a las autoridades judiciales y administrativas

Según el actor, en aplicación del principio de favorabilidad del régimen sancionatorio tributario, la sanción por extemporaneidad que debe aplicarse es la prevista en el artículo 260-11 literal B) numeral 1) literal b) inciso segundo del E.T, pues, a pesar de ser una ley posterior al hecho sancionable, es una norma más favorable a los intereses del contribuyente. La Sala precisa que le asiste razón a la actora pues, en este caso, es aplicable la sanción por extemporaneidad prevista en el artículo 260-11 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 121 de la Ley 1607 de 2012, por ser la norma más favorable. Lo anterior teniendo en cuenta lo siguiente (…) El debido proceso es el conjunto de garantías mínimas que deben reconocerse a las personas cuando acuden a las autoridades judiciales y administrativas, en procura de obtener una sentencia o decisión justa sobre sus derechos a la vida, la integridad, la libertad o el patrimonio y se encuentra establecido en la Constitución Política como un derecho fundamental de aplicación inmediata (artículo 85).  Este derecho, a su vez, obliga a los funcionarios judiciales y a las autoridades administrativas a respetarlo y a asegurar su plena vigencia en la solución de cualquier conflicto o asunto judicial o administrativo sometido a su consideración. En armonía con lo antes expuesto, el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012 reconoció, en materia sancionatoria tributaria, la aplicación del principio de favorabilidad, al señalar que (…) Conforme con esta disposición, al imponer las sanciones tributarias, la Administración Tributaria debe aplicar, entre otros, el principio de favorabilidad, de conformidad con el cual la ley permisiva o favorable, aunque sea posterior, debe aplicarse de manera preferente sobre la desfavorable. Si bien en el caso que se analiza, la Administración no podía obedecer ese mandato porque los actos administrativos demandados fueron proferidos antes de la promulgación de la Ley 1607 de 2012 (26 de diciembre del año 2012), en este momento procesal sí puede aplicarse la sanción más favorable prevista en la citada ley, dado que la situación jurídica no se encuentra consolidada, lo que ocurre cuando se está debatiendo o es susceptible de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa En el caso en estudio, la situación jurídica no está consolidada, comoquiera que el asunto sometido a consideración de la Sala es, precisamente, la legalidad de los actos por medio de los cuales se impuso a la demandante la correcta sanción por extemporaneidad en la presentación de la DIIPT, discusión que solo concluye con la ejecutoria del presente fallo.

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