JURISPRUDENCIA – CONSEJO DE ESTADO 05001-23-33-000-2012-00544-01 20482 SENTENCIA

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FECHA: 22/02/2018
SECCION: SECCIÓN CUARTA
PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
ACTOR: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ONDA DE MAR S.A
DEMANDADO: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
DECISION: ACCEDE

 

 

Category:
  • LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 141 NUMERAL 2
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 260-1
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 260-4
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 260-8
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 450 NUMERAL 1
  •  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 260
  •  RESOLUCIÓN 2201 DE 1997 (22 de julio) MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – ARTÍCULO 4
  •  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – ARTÍCULO 5
  •  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – ARTÍCULO 8
  •  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – ARTÍCULO 9
  •  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – ARTÍCULO 10
  •  CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 260
  •  CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 261
  •  OFICIO 220-059283 DE 2007 (14 de diciembre)
  •  LEY 1437 DE 2011- ARTÍCULO 188
  •  LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 361
  •  LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365 NUMERAL 3
  •  LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365 NUMERAL 8

IMPEDIMENTO POR HABER CONOCIDO DEL PROCESO EN INSTANCIA ANTERIOR – Configuración

El Consejero de Estado doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez manifestó que está impedido para conocer de este asunto con base en el artículo 141 [2] del Código General del Proceso, porque conoció del proceso en instancia anterior. La Sala encuentra probado el impedimento manifestado, pues el Magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez conoció del proceso en primera instancia, dado que fue ponente de la sentencia de primera instancia. En consecuencia, acepta el impedimento del Consejero y lo separa del conocimiento del proceso.

RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA – Noción, finalidad y alcance / RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA. Facultades de la DIAN / RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA – Obligaciones / DOCUMENTO EN IDIOMA EXTRANJERO – Valor probatorio / DOCUMENTO EN IDIOMA EXTRANJERO SIN TRADUCCIÓN OFICIAL – Ineficacia probatoria / PRESUNCIÓN DE SUBORDINACIÓN O CONTROL – Alcance. Sus supuestos deben estar probados y, en todo caso, la presunción puede ser desvirtuada si se acredita que no se verifica la situación de control, así se configuren los supuestos del artículo 261 del Código de Comercio

Los artículos 260-1 y siguientes del Estatuto Tributario regulan el régimen de precios de transferencia que se aplica sólo a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior. El régimen obliga a que los contribuyentes del citado impuesto determinen los ingresos, costos y deducciones, teniendo en cuenta para tales negociaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado en operaciones comparables con o entre partes independientes, para que prevalezcan los precios de mercado y no los fijados por las partes artificialmente en razón de la vinculación que poseen, con el ánimo de reducir su carga tributaria. Por su parte, el artículo 260-1 inciso 2° del Estatuto Tributario facultó a la DIAN para que, en desarrollo de las facultades de verificación y control, determinara los ingresos ordinarios y extraordinarios, al igual que los costos y deducciones de las operaciones que los contribuyentes del impuesto de renta realicen con vinculados económicos o partes relacionadas, “mediante la determinación del precio o margen de utilidad a partir de precios y márgenes de utilidad en operaciones comparables con o entre partes no vinculadas económicamente, en Colombia o en el exterior”. Y, el inciso 6° precisó que los precios de transferencia solo producen efectos en la determinación del impuesto sobre la renta. Con tal fin, el artículo 260-8 del Estatuto Tributario dispuso que los contribuyentes allí indicados deben presentar anualmente una declaración informativa de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas. A su vez, el artículo 260-4 ibídem previó que dichos contribuyentes deben preparar y enviar la documentación comprobatoria por cada tipo de operación, para demostrar la correcta aplicación de las normas del régimen de precios de transferencia. La causal de vinculación económica con base en la cual la DIAN sancionó a la actora por no presentar DIIPT del año gravable 2006, es la establecida el artículo 260-1 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 450 numeral 1 del mismo ordenamiento (…) La Sala reitera, que los documentos en idioma extranjero, que carecen de traducción oficial, no pueden ser tenidos como prueba. En el presente asunto, la DIAN recibió del Cónsul de Colombia en Miami, Florida el documento en idioma inglés, y le correspondía ordenar su traducción en los términos de lo establecido en el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, para hacer una correcta valoración de su contenido. La Resolución 2201 del 22 de julio de 1997, proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, “Por la cual se establecen procedimientos para la legalización de documentos producidos en Colombia que vayan a surtir efectos en el exterior, y documentos otorgados en el exterior que vayan a producir efectos en Colombia” (derogada por la Resolución 4300 de 2012), vigente para la fecha en que se expidió el documento en el extranjero (2009), señalaba lo siguiente: “ARTICULO 4o.  Todo documento público otorgado en el exterior y que vaya a surtir efecto en Colombia deberá ser legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cumplimiento de lo establecidos en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento civil, y 480 del nuevo Código del Comercio, salvo lo que al respecto dispongan los tratados públicos. (…) [L]a única prueba de la vinculación económica entre las sociedades COMERCIALIZADORA ONDA DE MAR S.A. y BLU LLC/ONDA DE MAR que obra en el proceso, es la respuesta del Exhorto 89 de abril 13 de 2009, mediante la cual el Cónsul de Colombia en Miami Florida, allega un documento de la “FLORIDA DEPARTAMENT OF STATE-DIVISION OF CORPORATIONS”, en el que se hace referencia a la sociedad BLU, LLC., en el que están registrados bajo el título “Manager/Member Detail”, los nombres de QUEIPO, MARÍA; ARANGO, ÁLVARO y SIERRA PAULA. (…) Así, la eficacia probatoria del documento expedido por el Departamento de Estado de la Florida en Estados Unidos, dependía de su traducción en los términos establecidos en la Ley, la DIAN no tiene la competencia para determinar si traduce o no el documento de acuerdo con su contenido, su complejidad, sus palabras o su extensión, es una obligación de carácter legal. En ese orden de ideas, el documento enviado por el Cónsul de Colombia en Miami, Florida, no puede ser tenido en cuenta porque se aportó en idioma inglés, dicho documento no tiene valor probatorio en el proceso, toda vez que carece de las formalidades legales, pues, no se realizó la traducción, desconociendo lo previsto en el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil. (…) Observa la Sala que sobre la situación de control, en Oficio 220-059283 del 14 de diciembre de 2007, la Superintendencia de Sociedades precisó lo siguiente: “De esta manera la ley ha señalado que el hecho de tener el poder de decisión de una sociedad sometido a la voluntad de otra u otras personas es el que determina la existencia de la situación de control o subordinación. Siempre que una sociedad se encuentre enmarcada en esta situación se predicará de ella el carácter de subordinada o controlada, y aquella persona que determine su poder de decisión será considerada como la matriz o controlante. Las circunstancias señaladas en el artículo 261 modificado por el artículo 27 de la Ley 222 de 1995, corresponden a supuestos de hecho en los cuales la ley ha presumido la existencia de una situación de subordinación, lo cual supone el sometimiento del poder de decisión de la subordinada a la voluntad de su matriz o controlante. Sin embargo tal presunción legal podrá ser desvirtuada al acreditar que no se verifica en realidad la circunstancia señalada en el artículo 260 del Código de Comercio y que la sociedad en la práctica a pesar de a pesar de configurar los supuestos del artículo 261 del Código, no resulta subordinada o controlada.” La Sala reitera que, los supuestos de hecho de las presunciones de subordinación deben estar probados (circunstancia que no está probada en el proceso) y, en todo caso, la presunción puede ser desvirtuada si se acredita que no se verifica la situación de control, a pesar de que se configuren los supuestos del artículo 261 del Código de Comercio.

CONDENA EN COSTAS – Conceptos que la integran / CONDENA EN COSTAS EN PROCESOS EN QUE SE VENTILE UN INTERÉS PÚBLICO – Improcedencia / CONDENA EN COSTAS – Reglas / CONDENA EN COSTAS – Improcedencia por falta de prueba de su causación

Así pues, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público. Pues bien, el artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 3 del artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), por cuanto se confirma la sentencia de primera instancia. Sin embargo, debe analizarse en concordancia con el numeral 8 del mismo artículo. Una vez revisado el expediente, se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas. Por lo tanto, no se condena en costas en esta instancia.

NOTA DE RELATORÍA: En relación con las presunciones de subordinación o control y su prueba se reitera el criterio expuesto por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en Sentencia de 8 de septiembre de 2016, radicado 25000-23-37-000-2012-00074-01 (20269) C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia

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