JURISPRUDENCIA – CONSEJO DE ESTADO 05001-23-33-000-2012-00042-01 20317 SENTENCIA

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FECHA: 07/03/2018
SECCION: SECCIÓN CUARTA
PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
ACTOR: C.I. EXPOFARO S.A.S.
DEMANDADO: DIRECCIÓN DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
DECISION: ACCEDE PARCIALMENTE

 

 

Category:
  • ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 260-1
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 260-4
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 260-8
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 260-10
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 260-11
  •  LEY 788 DE 2002 – ARTÍCULO 28
  •  LEY 863 DE 2003 – ARTÍCULO 41
  •  LEY 863 DE 2003 – ARTÍCULO 42
  •  LEY 863 DE 2003 – ARTÍCULO 44
  •  LEY 863 DE 2003 – ARTÍCULO 46
  •  LEY 1430 DE 2010 – ARTÍCULO 41
  •  LEY 1607 DE 2012 – ARTÍCULO 121
  •  LEY 1819 DE 2016 – ARTÍCULO 111
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 260-1
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 260-4
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 260-8
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 260-9
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 450
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO – ARTÍCULO 450-9
  •  CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29
  •  LEY 1607 DE 2012 – ARTÍCULO 111
  •  LEY 1607 DE 2012 – ARTÍCULO 115
  •  LEY 1607 DE 2012 – ARTÍCULO 118
  •  LEY 1607 DE 2012 – ARTÍCULO 119
  •  LEY 1819 DE 2016 – ARTÍCULO 282
  •  LEY 1564 DE 2012- ARTÍCULO 365 NUMERAL 3
  •  LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365 NUMERAL 8

RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA – Alcance y objeto / SANCIÓN POR NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA – Evolución normativa / CRITERIOS PARA DETERMINAR LA VINCULACIÓN ECONÓMICA – Modificación / OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA INDIVIDUAL Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN VIGENCIA DE LA LEY 1607 DE 2012 – Remisión a los artículos 260-1 y 260-2 del Estatuto Tributario. Quedó eliminada la remisión que se hacía al artículo 450 del Estatuto Tributario para definir el concepto de vinculación económica

Se encuentran sometidos al régimen de precios de transferencia consagrado en los artículos 260-1 y siguientes del ET los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior, siempre que durante el periodo superen una cifra mínima de negocio, determinada normativamente. El propósito que se persigue con ese régimen es el de que, en la liquidación del impuesto sobre la renta, los contribuyentes del impuesto colombiano que realizan operaciones con vinculados económicos en el exterior, cuantifiquen los ingresos, costos y deducciones derivados de esas operaciones a valores comparables entre partes independientes, para que prevalezcan los precios de mercado y no los que, eventualmente, puedan fijar contractualmente las partes de manera conveniente, habida cuenta de la vinculación existente. Así lo aclaraba, el texto del artículo 260-1 del ET que se encontraba vigente para la época de los hechos objeto de enjuiciamiento, que procedía de las disposiciones de los artículos 28 de la Ley 788 de 2002 y 41 de la Ley 863 de 2003. Para entonces, la materialización más evidente del régimen de precios de transferencia consistía en el deber anual de presentar una declaración informativa de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas, que consagraba el artículo 260-8 del ET (en la redacción dada por el artículo 44 de la Ley 863 de 2003); junto con la documentación comprobatoria regulada en el artículo 260-4 ibidem (en la redacción dada por el artículo 42 de la Ley 863 de 2003) que los contribuyentes debían preparar y enviar para demostrar la correcta aplicación de las normas del régimen de precios de transferencia. En 2008, año en el que se centra la litis, el artículo 260-4 del ET prescribía que se encontraban sometidos al deber de preparar y enviar la documentación comprobatoria aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta (i) cuyo patrimonio bruto al final del periodo superara 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o cuyos ingresos brutos durante el periodo fuesen superiores a 3.000 SMLMV que (ii) hubieran celebrado operaciones con vinculados económicos del exterior; para lo cual se definía a los vinculados económicos así (artículo 41 de la Ley 863 de 2003, que subrogó el inciso tercero del que entonces era el artículo 260-1 del ET): (…) Luego, quienes se encontraran en esas condiciones quedaban sujetos a la imposición de las sanciones reguladas en el artículo 260-10 del ET (en la redacción que a esa norma le dio el artículo 46 de la Ley 863 de 203) si no cumplían con el deber formal de entregar la documentación comprobatoria. (…) Sin embargo, con el tiempo, ese régimen sancionador fue modificado. Primero, con el artículo 41 de la Ley 1430 de 2010, que estableció el artículo 260-11 del ET, en el cual dispuso que, en cualquier caso, el monto máximo de la sanción a la que nos referimos sería de 20.000 UVT; y, posteriormente, por el artículo 121 de la Ley 1607 de 2012 que le dio una nueva redacción al artículo 260-11 del ET, en el cual quedó consignado de manera completa el régimen de infracciones y sanciones relativas al incumplimiento de los deberes formales propios del régimen de precios de transferencia. De acuerdo con esta disposición, la sanción por no presentar de la documentación comprobatoria se graduaba en función de la cuantía de las operaciones con vinculados económicos que realizara. Por último, el artículo 111 de la Ley 1819 de 2016 modificó una vez más el artículo 260-11 del ET y estableció la redacción de la norma que hoy en día se encuentra vigente

VINCULACIÓN ECONÓMICA POR VENDER EL CINCUENTA POR CIENTO O MÁS DE LA PRODUCCIÓN A UNA MISMA EMPRESA O A EMPRESAS VINCULADAS ENTRE SÍ – Inexistencia. Desde el año 2013 esa situación dejó de ser un supuesto de vinculación económica y, por ende, quienes estuvieran en esas circunstancias ya no estaban sometidos a los deberes propios del régimen de precios de transferencia / SANCIÓN POR NO PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA INDIVIDUAL Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL AÑO GRAVABLE DE 2008 A PRODUCTOR QUE VENDIO EL CINCUENTA POR CIENTO O MÁS DE SU PRODUCCIÓN A UNA MISMA EMPRESA O A EMPRESAS VINCULADAS ENTRE SÍ – Ilegalidad por desaparición de la obligación / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN EL RÉGIMEN SANCIONATORIO TRIBUTARIO – Aplicación

Junto al concreto régimen de la sanción procedente, también han cambiado la regulación de los criterios que llevan a determinar si existe vinculación económica.

Los que regían en 2008, estaban regulados según las voces del artículo 41 de la Ley 863 de 2003 (que subrogó el inciso tercero del que entonces era el artículo 260-1 del ET) y hacían remisión, entre otras normas, al artículo 450 del ET. Así, atendiendo al ordinal 9. del referido artículo 450, se entendía que existía vinculación económica cuando las ventas hechas a un único cliente representaban el 50% o más de los ingresos obtenidos en el periodo. Pero, los artículos 111, 115, 118 y 119 de la Ley 1607 de 2012 modificaron los artículos 260-1, 260-4, 260-8 y 260-9 del ET, respectivamente, y, en relación con la obligación de presentar la declaración informativa y la documentación comprobatoria, las normas pasaron a disponer que estaban sujetos a ese deber los contribuyentes que efectuasen operaciones con vinculados económicos, en los términos en los que ahora el artículo 260-1 definía esta categoría; de modo que quedó eliminada la remisión que antes se hacía al artículo 450 del ET para definir el concepto de vinculación económica. Por tanto, destaca la Sala que desde 2013 dejó de representar un supuesto de vinculación económica el hecho de que el 50% o más de las ventas se le efectuasen a un único cliente (o grupo) en el exterior, por lo que quienes estuviesen en esas circunstancias, ya no estarían sometidos a los deberes propios del régimen de precios de transferencia. (…) [P]or los cambios legislativos mencionados en el fundamento jurídico nro. 3 de la presente providencia, en la actualidad no se sanciona el no presentar la declaración informativa de precios de transferencia ni la respectiva documentación comprobatoria en aquellos casos en los cuales un contribuyente colombiano le venda a un solo cliente en el exterior el 50% o más de la producción, como sí ocurría en el año 2008. De suerte que la legislación posterior (i.e. la establecida con la Ley 1607 de 2012) resulta más favorable que la que existía para la época de los hechos que dieron lugar a que se le impusiera la sanción demandada. Habida cuenta de esta circunstancia, resulta imperativo atender el mandato del artículo 29 de la Constitución, según el cual, en el ámbito administrativo sancionador deben aplicarse retroactivamente las disposiciones posteriores que resulten favorables al investigado; cuestión que en el derecho administrativo sancionador tributario hoy día es expresamente admitida en el artículo 640 del ET, bajo la redacción que le dio el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016. (…) En consecuencia, la Sala juzga que, como acertadamente concluyó el tribunal en la sentencia de primer grado, hay lugar a la aplicación favorable de las normas posteriores que dictaminan que no existe vinculación económica por el simple hecho de efectuar el 50% o más de las ventas a un único cliente en el exterior, con lo cual, la conducta que sirvió de base a la imposición de la sanción dejó de ser tenida como ilícita por el ordenamiento.

CONDENA EN COSTAS – Improcedencia por falta de prueba de su causación

Sobre la procedencia de la condena en costas, la Sala advierte que en el sub lite se está ante la circunstancia prevista en el numeral 3 del artículo 365 del Código General del Proceso. No obstante, no puede pasarse por alto que el numeral 8 ibidem indica que solo habrá lugar a condenar a pagar las costas cuando estén debidamente causadas y probadas, como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-157 de 2013. Debido a que en el caso concreto no existe prueba de la que se pueda establecer erogación alguna por condena en costas, no se formulará una orden en ese sentido.

JURISPRUDENCIA – CONSEJO DE ESTADO 05001-23-33-000-2012-00042-01 20317 SENTENCIA

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