JURISPRUDENCIA – CONSEJO DE ESTADO 08001-23-31-000-2012-00162-01 20740 SENTENCIA

$0.00

Avaiability: In Stock

FECHA: 17/08/2017
SECCION: SECCIÓN CUARTA
PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO (E)
ACTOR: C.I. PRODECO S.A.
DEMANDADO: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
DECISION: ACCEDE PARCIALMENTE

 

 

Category:
  • ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 563
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 564
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 565
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 567
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 568
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 612
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 658-3
  •  DECRETO LEY 019 DE 2012 – ARTÍCULO 34
  •  DECRETO LEY 019 DE 2012 – ARTÍCULO 59
  •  DECRETO LEY 019 DE 2012 – ARTÍCULO 68
  •  LEY 1111 DE 2006 – ARTÍCULO 45
  •  LEY 863 DE 2003 – ARTÍCULO 19
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 260-10
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 637
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 638
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 568
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 638
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO -260-1
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO -260-4
  •  ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 260 – 10 NUMERAL 1 LITERAL A
  •  LEY 863 DE 2003 – ARTÍCULO 46
  •  LEY 1111 DE 2006 – ARTÍCULO 50
  •  LEY 1111 DE 2006 – ARTÍCULO 51

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – Finalidad / NOTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – Formas y dirección en la que se deben practicar / NOTIFICACIÓN PROCESAL – Procedencia / NOTIFICACIÓN DE ACTUACIONES A APODERADO – procedencia / CORRECCIÓN DE ACTUACIONES A DIRECCIÓN ERRADA – Procedencia / NOTIFICACIÓN POR CORREO DEVUELTA POR RAZÓN DISTINTA A LA DIRECCIÓN ERRADA – Procedencia de notificación supletoria por aviso. Antes del Decreto Ley 19 de 2012 el aviso se debía publicar en un periódico de circulación nacional o regional del lugar correspondiente a la última dirección reportada en el RUT, mientras que, a partir de la vigencia de esa norma, el aviso se publica en el portal web de la DIAN

Conforme lo dispone el artículo 612 del ET, los obligados a declarar tienen el deber de informar su dirección y actividad económica en las declaraciones tributarias. Adicionalmente, a partir del año 2003, se fomentó la formalización de la información de identificación de los contribuyentes en el RUT. Por tanto, este registro se institucionalizó como el mecanismo idóneo y actualizado para identificar, ubicar y clasificar a los obligados y responsables tributarios. Es decir, la información sobre los obligados y responsables tributarios y, en general, toda aquella información que sobre ellos requiera la Administración, es agrupada en el sistema único de información (dirección de notificación, información sobre la actividad económica, etcétera), para facilitar no solo la gestión de la DIAN, sino de las demás entidades del Estado que la requieran. Tan es así que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1111 de 2006, la falta de inscripción, de actualización o de exhibición del RUT, así como el hecho de suministrar información falsa en el RUT, están tipificados como infracción en el artículo 658-3 del ET. De manera que, cualquier acto que profiera la administración tributaria, de conformidad con el artículo 563 del ET, se debe notificar a la última dirección informada por el contribuyente, esto es, a la indicada en la última declaración o en el formato oficial de cambio de dirección, que debe ser, necesariamente, la reportada en el RUT. En los casos en que se cambie la dirección, el artículo citado precisa que la antigua dirección será válida por el término de tres meses, contados a partir de la fecha en que se informe del cambio. Ahora, cuando la administración ha iniciado un proceso de discusión y determinación del tributo, de conformidad con el artículo 564 del ET, el contribuyente o declarante puede señalar expresamente una dirección de notificación, caso en el cual, la Administración deberá notificar los actos a esa dirección. Y, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1111 de 2006, si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, actúa a través de apoderado, la notificación se debe surtir a la última dirección que dicho apoderado tenga registrada en el RUT. (Artículo 565, parágrafo 2). En cuanto a las formas de notificación, el artículo 565 del ET dispone lo siguiente (…) Como se puede apreciar, los actos de la administración tributaria se pueden notificar de manera electrónica, personalmente, por la red oficial de correos o por cualquier empresa de servicio de mensajería especializada. Tratándose de la notificación por correo, el acto objeto de notificación debe enviarse a la última dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante en el RUT. Esto por cuanto, como se vio, es un deber del contribuyente o declarante registrar la información de ubicación en esa base de datos y mantenerla actualizada, sin perjuicio de los casos en que el contribuyente reporte una dirección para efectos procesales, o que haya que notificar los actos a la dirección del apoderado que aparece en el RUT, cuando el contribuyente actúa a través de este. Ahora, sólo en aquellos casos en que el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante no hubiere informado una dirección a la administración tributaria, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y, en general, de información oficial, comercial o bancaria. Y cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por ninguno de los medios señalados, los actos de la administración le serán notificados por medio de publicación en un periódico de circulación nacional (artículo 565, inciso cuarto, del ET). Pero puede ocurrir que la administración tributaria cometa el error de enviar la notificación a una dirección errada. En estos casos, el estatuto tributario regula dos situaciones, a saber: Si la notificación se efectúa a una dirección distinta a la informada en el RUT, la administración puede corregir el error dentro del término previsto para la notificación del acto. (Artículos 565, inciso quinto, y 567 del ET). En estos casos, la notificación se debe remitir a la dirección correcta, caso en el cual, los términos legales sólo comenzarán a correr a partir de la notificación hecha en debida forma. La misma regla se aplicará en lo relativo al envío de citaciones, requerimientos y otros comunicados. (Artículo 567 ET). Ahora, si la empresa oficial de correos o la empresa de mensajería especializada devuelve el correo por cualquier razón, distinta a la de haber sido enviado el acto a la dirección errada, el artículo 568 del E.T. dispone (…) De la interpretación sistemática de los artículos citados y, especialmente, del artículo 568 del ET, se concluye, entonces, que si la administración tributaria envía el acto objeto de notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente en el RUT, o a la dirección procesal reportada en la actuación administrativa, o a la del apoderado registrada en el RUT, cuando se actúa a través de este, según el caso, y la empresa oficial de correos o la empresa de mensajería especializada devuelve el correo por una razón distinta a la de dirección errada, la autoridad tributaria debe proceder a hacer la notificación por aviso, antes en un periódico de circulación nacional, actualmente en el portal web de la DIAN. En estos casos, la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero, para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso o de la corrección de la notificación.

SANCIONES RELATIVAS A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y A LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA – Procedimiento aplicable. Es el previsto en los artículos 637 y 638 del Estatuto Tributario / PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD SANCIONATORIA – Sanciones impuestas en liquidaciones oficiales. El plazo para imponerlas es el mismo que existe para practicar la respectiva liquidación oficial / PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD SANCIONATORIA – Sanciones impuestas en resolución independiente / NOTIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS – Interrupción de la prescripción / FACULTAD SANCIONATORIA – Alcance de la expresión “aplicar” la sanción. Se debe entender como la acción de expedir el acto sancionatorio y de notificarlo / ACTO SANCIONATORIO – Eficacia / PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD SANCIONATORIA RESPECTO DE SANCIÓN POR SUMINISTRAR INFORMACIÓN REFERIDA A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON ERRORES IMPUESTA EN RESOLUCIÓN INDEPENDIENTE – Falta de configuración por notificación oportuna del pliego de cargos

De conformidad con el inciso segundo del artículo 260-10 ET, que regula las sanciones relativas a la documentación comprobatoria y a la declaración informativa de precios de transferencia, el procedimiento para la aplicación de las sanciones previstas en esa disposición es el contemplado en los artículos 637 y 638 ET. Según la misma norma, cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se debe dar traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, que tendrá un término de un mes para responder. Del artículo 638 del ET se infiere que las sanciones se pueden imponer en el acto administrativo de determinación del tributo o en resolución independiente. En el primer caso, esto es, cuando las sanciones se imponen en el acto administrativo de determinación del tributo, el plazo para imponerlas es el mismo que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. En el segundo caso, esto es, cuando la sanción se impone en resolución independiente, la norma prevé el plazo de dos (2) años para formular pliego de cargos. Este plazo se cuenta a partir de la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas. La notificación del pliego de cargos, a juicio de la Sala, interrumpe el plazo de prescripción, pues, formulado el pliego de cargos y vencido el plazo para contestarlo, la administración tributaria cuenta con seis (6) meses adicionales para “aplicar” la sanción correspondiente. Para la Sala, por “aplicar” debe entenderse la acción de expedir el acto sancionatorio y de notificarlo. En efecto, la Sala, en oportunidad anterior, señaló que la eficacia del acto está dada por los efectos jurídicos que produce. Dijo la Sala: “Cabe precisar que si bien la existencia de un acto administrativo se predica del momento en el cual la administración expresa válidamente su voluntad, su eficacia está dada por los efectos jurídicos que produce. “Así, en general, una vez proferido, el acto administrativo empieza a producir efectos después de su publicación o notificación, según sea este de carácter general o particular. Si la decisión se profiere pero no se da a conocer, no produce efectos jurídicos, es decir, no adquiere fuerza ejecutoria por la inactividad de la Administración (…) Entonces, tratándose de actos de contenido particular, si bien es cierto, existen y son válidos desde el momento en que la Administración los profiere, también lo es, que sólo producen efectos jurídicos a partir de la notificación, por lo tanto, si la normativa fija un término para “aplicar la sanción”, la notificación del acto que la impone debe efectuarse dentro del plazo legal, pues vencido éste prescribe la facultad otorgada a la Administración. Entonces, tratándose de actos de contenido particular, si bien es cierto, existen y son válidos desde el momento en que la Administración los profiere, también lo es, que sólo producen efectos jurídicos a partir de la notificación, por lo tanto, si la normativa fija un término para “aplicar la sanción”, la notificación del acto que la impone debe efectuarse dentro del plazo legal, pues vencido éste prescribe la facultad otorgada a la Administración. (…) Tal como se precisó, el artículo 638 ET es claro en disponer que Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, el pliego de cargos debe formularse, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable. (negrilla fuera de texto) De conformidad con la norma citada, resulta relevante establecer el período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable y, para el efecto, se debe tener en cuenta la norma que tipifica la infracción, pues de esta se deriva el hecho y, por ende, la fecha, en que se habría cometido la irregularidad sancionable. En el caso concreto, los actos administrativos demandados imponen la sanción prevista en el numeral 1 del literal A) del artículo 260-10 del ET que, como se precisó, tipifica como infracción el hecho de haber suministrado la información referida a la documentación comprobatoria con errores. Luego, es relevante establecer en este caso la fecha en que se habría suministrado, a la DIAN, la información con errores. Conforme con los hechos del caso, las partes coinciden en que el 2 de julio de 2008, la DIAN profirió el Requerimiento Ordinario de información No. 58000250-01053, por medio del cual solicitó a C.I. PRODECO S.A. presentar la documentación comprobatoria de precios de transferencia del año 2007. Así mismo, tampoco se controvierte que el 24 de julio de 2008, la demandante respondió el requerimiento ordinario y entregó la documentación comprobatoria de la declaración informativa de precios de transferencia del año gravable 2007. Luego, como del análisis de esa documentación comprobatoria la DIAN habría determinado varios hallazgos que permiten presumir que la información se presentó con errores, el hecho que tipifica la infracción: suministrar información con errores, tuvo lugar el 24 de julio de 2008, pues ese día la demandante entregó la información con presuntos errores. Dado que la declaración de renta del año 2008 se debía presentar en el año 2009, el plazo de los dos años para formular el pliego de cargos vencía en el año 2011. Y como es un hecho no controvertido que la DIAN notificó por correo el Pliego de Cargos 900010, el 10 de septiembre de 2010, es un hecho probado que la notificación se hizo dentro del plazo legal.

DIRECCIÓN ERRADA – Noción / DIRECCIÓN PROCESAL – Interpretación del artículo 568 del Estatuto Tributario. Su interpretación razonable y proporcional no permite considerar que los contribuyentes solo pueden pedir que se les notifique a una dirección procesal en las actuaciones administrativas de determinación de impuestos / PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD EN INTERPRETACIÓN DE NORMAS PROCESALES – Alcance / NOTIFICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO – Objeto / NOTIFICACIÓN POR CORREO ENVIADA A DIRECCIÓN PROCESAL PERO DEVUELTA POR CAMBIO DE DIRECCIÓN REPORTADA EN EL RUT – Procedencia de la notificación supletoria o por aviso en diario de amplia circulación nacional. Es la forma de notificación legal cuando existen diferencias entre la dirección procesal y la nueva dirección reportada en el RUT a la fecha de introducción al correo del acto a notificar / NULIDAD DEL ACTO SANCIONATORIO POR FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL – Improcedencia por cumplimiento del principio de publicidad y del derecho de defensa

Tal como se precisó inicialmente, cuando la administración tributaria opta por la notificación por correo, puede ocurrir que cometa el error de enviar la notificación a una dirección errada. Se entiende que la dirección es errada cuando ésta es distinta a la informada en el RUT o a la dirección procesal suministrada durante la actuación administrativa, o a la del apoderado que figura en el RUT, cuando se actúa a través de este. Los hechos del caso concreto dan cuenta de que, en la respuesta al pliego de cargos, la demandante suministró la dirección carrera 54 # 72-80 piso 8 de la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, a su juicio, esta dirección no debe entenderse como una dirección procesal para efectos de la notificación de los actos administrativos porque esta prerrogativa opera para cuando se inician actuaciones administrativas de determinación de impuestos más no de imposición de sanciones. Sobre el particular, el artículo 568 ET, establece que Si durante el proceso de determinación y discusión del tributo, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, señala expresamente una dirección para que se le notifiquen los actos correspondientes, la Administración deberá hacerlo a dicha dirección. Una interpretación exegética de la norma permite concluir que, efectivamente, tratándose de actuaciones administrativas distintas a la de determinación de impuestos, no es válido suministrar una dirección para notificaciones distinta a la que figura en el RUT. No obstante, para la Sala, esa interpretación no es válida por cuanto avalaría una discriminación constitucionalmente injustificable. En efecto, si se atiende a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que son los parámetros que según la Corte Constitucional se deben considerar para evaluar la constitucionalidad de un trato diferente, no es razonable interpretar el artículo 568 ET en el sentido que los contribuyentes solo pueden pedir que se les notifique a una dirección procesal en las actuaciones administrativas de determinación de impuestos. La Sala comparte lo dicho por la Corte Constitucional en el sentido de que para satisfacer los principios de razonabilidad y proporcionalidad, “las normas procesales deben responder a un criterio de razón suficiente, relacionado con el cumplimiento de un fin constitucionalmente válido, a través de un mecanismo que se muestre adecuado y necesario para el cumplimiento de dicho objetivo y que, a su vez, no afecte de forma desproporcionada un derecho, fin o valor constitucional. La Corte ha dicho que los criterios de razonabilidad y proporcionalidad son los parámetros para evaluar la constitucionalidad de un trato diferente, o igual cuando ha de ser diferente. Los tratos irrazonables o desproporcionados constitucionalmente en tales términos, son pues, actos discriminatorios.” Precisamente, las formas de notificación de los actos administrativos están instituidas para salvaguardar el principio de publicidad de las decisiones de la administración pública, en garantía del derecho de defensa de los administrados, pero también en garantía de la ejecutividad y ejecutoriedad como propiedades inherentes de los actos administrativos para garantizar la seguridad jurídica derivada de la consolidación de las situaciones jurídicas que se crean, modifican o extinguen por medio de tales actos. No cabe duda de que la preclusión o clausura de una etapa procesal, derivada de la falta o indebida notificación de un acto administrativo, sin lugar a dudas, deriva en la nulidad del acto expedido o notificado por fuera de la etapa prevista para el efecto, por configurarse la falta de competencia temporal. Pero en casos como el que ahora se analiza, la Sala considera que tanto la expedición como la notificación de la Resolución 900001 de 2011 se surtieron en tiempo, pues la DIAN dio cumplimiento a la regla prevista en el artículo 568 ET, que la mandaba a publicar en un diario de amplia circulación nacional el acto administrativo enviado por correo y devuelto por causal distinta a la de dirección diferente a la informada en el RUT, a la dirección procesal o a la dirección del apoderado. La empresa demandante también cumplió el deber de informar el cambio de dirección, pues modificó la dirección que había reportado en el RUT. Pero habida cuenta de que había suministrado una dirección procesal cuando contestó el pliego de cargos, estuvo ajustado a derecho que la DIAN intentara la notificación por correo a esa dirección procesal, pues la entidad no tenía razones para suponer que la demandante había cambiado de dirección procesal. Y si bien es cierto que el acto demandado fue devuelto por el correo en virtud de que la actora, a la fecha de la introducción al correo de la Resolución 900001 de 2011, ya había trasladado su sede a otra dirección, la entidad demandada, mediante oficio del 4 de abril de 2011, remitido a la nueva dirección informada en el RUT, le avisó a la demandante de la decisión de publicar la Resolución 900001 de 2011 en un periódico de amplia circulación nacional, pues así lo demandaba el artículo 568 ET. Podría decirse que, ante la evidencia de la diferencia entre la dirección procesal y la nueva dirección reportada en el RUT, así como, ante la evidencia del traslado de sede de la demandante, bien pudo la DIAN enviar la Resolución 900001 de 2011 por correo certificado a la nueva dirección informada en el RUT. No obstante, el estatuto tributario parte del presupuesto de que la dirección que prevalece para ubicar al contribuyente es la reportada en el RUT, a menos de que se reporte una dirección procesal. Como en el caso concreto la demandante suministró una dirección procesal, hizo bien la DIAN en acatar el artículo 568 ET que le mandaba a publicar el acto en un periódico de amplia circulación nacional. Para la Sala, la DIAN respetó el principio de lealtad procesal, que se sustenta en el mandato constitucional de la buena fe. En este caso, no es procedente anular un acto por el cumplimiento de un ritual procesal previsto en la ley, que finalmente, permitió cumplir el objetivo perseguido. Ese proceder de la administración fue razonable y proporcionado para el fin perseguido pues, garantizó el principio de publicidad y, de contera, el derecho de defensa de la demandante, pues es un hecho no controvertido que interpuso el recurso de reconsideración en tiempo, el 3 de junio de 2011. En ese contexto de hechos, para la Sala, no se configuró la causal de nulidad por falta de competencia temporal.

REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA – Finalidad / SANCIONES EN RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA – Objeto Están referidas al cumplimiento del deber de suministrar información / SANCIONES RELATIVAS A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y A LA DECLARACIÓN INFORMATIVA INDIVIDUAL DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA – Exequibilidad / PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD EN RÉGIMEN SANCIONATORIO TRIBUATRIO – Alcance / SANCIÓN POR PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON ERRORES – Alcance del error. Es el de orden sustancial de que se deriva un menor pago de impuestos / ERROR EN SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN – En virtud de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y equidad en materia sancionatoria, no todo error genera sanción / ACLARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE INFORMACIÓN REPORTADA EN DECLARACIÓN INFORMATIVA INDIVIDUAL DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA – Procedencia para desvirtuar inconsistencias frente a operaciones registradas en la declaración que incidan en la determinación de la base gravable del impuesto de renta / SANCIÓN POR PRESENTAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON ERRORES – Ilegalidad / OMISIÓN DEL DEBER DE PRESENTAR DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Alcance de la presunción de inocencia y de la carga probatoria del Estado y del contribuyente

Como se precisó inicialmente, el numeral 1 del literal A) del artículo 260-10 ET tipifica como infracción, entre otros hechos, el de presentar la documentación comprobatoria con errores. También se precisó, con fundamento en la sentencia C-815 de 2009, que el régimen sancionatorio previsto para cuando se incumplen las obligaciones referidas al régimen de precios de transferencia tiene como propósito tutelar el debido cumplimiento de la obligación tributaria sustancial, en la medida que tanto la DIIPT como la documentación comprobatoria son insumos que les sirven a la DIAN para ejercer las facultades de verificación y control del debido pago del impuesto de renta de aquellos contribuyentes que realizan operaciones con vinculados económicos. Y, con fundamento en la sentencia C-160 de 1998, que en virtud de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, no todo error cometido en la información que se remite a la administración puede generar sanción, dado que en materia tributaria el régimen sancionatorio también está fundamentado en el principio de equidad previsto en el artículo 363 ET. En el caso concreto es un hecho probado que, por requerimiento de la DIAN, la demandante remitió, en el año 2008, la documentación comprobatoria, y que en el año 2010, la DIAN advirtió ciertas inconsistencias que incidían en el monto total de las operaciones de ingreso que fueron reportadas en la declaración informativa de precios de transferencia y en los ingresos reportados en la declaración de renta que se presentó en el año 2008 (año gravable 2007). No obstante, también es un hecho no controvertido que, en virtud de las aclaraciones que suministró la demandante a la documentación comprobatoria presentada en el año 2010, la DIAN concluyó que C.I. PRODECO estaba dentro del rango intercuartil, y que, por lo tanto, no era necesario “realizar ningún ajuste a la mediana a la declaración de renta del período gravable de 2007”. En el expediente obra la prueba de que la DIAN archivó el proceso que había abierto para la determinación del impuesto de renta tanto por la adición de ingresos derivada del análisis de la documentación comprobatoria, como el desconocimiento de la deducción por inversión en activos fijos. Y aunque el fundamento del archivo no fue la declaración de renta que alegó la demandante (Formulario No. 91000052860211 del 12 de abril de 2010), sino el formulario No. 9100008441754 del 16 de abril de 2010, es un hecho admitido por la DIAN que no había lugar a “realizar ningún ajuste a la mediana a la declaración de renta del período gravable de 2007”. Para la Sala, el error a que alude el numeral 1 del literal A) del artículo 260-10 ET, que da lugar a sanción, es aquel del orden sustancial, esto es, el error del que se deriva un menor pago de impuestos. Precisamente porque la aplicación del régimen de precios de transferencia tiene efectos directos en la determinación de la base gravable del impuesto de renta, no se tipifica la infracción en el caso analizado, pues el supuesto error al que aludió la DIAN para imponer la sanción no tuvo ningún efecto en la declaración de renta pues, finalmente, concluyó que no había lugar a adicionar ingresos pues C.I. PRODECO sí estaba dentro del rango intercuartil. Y si bien es cierto que en la Sentencia C-690 [sentencia que invoca la DIAN en favor de la legalidad de los actos demandados], la Corte Constitucional manifiesto, refiriéndose al deber de presentar la declaración tributaria, que es dable presumir que una actuación ha sido culpable, dolosa o negligente cuando se omite el deber tributario, en ese caso de declarar, también precisó que esa presunción no implica una negación de la presunción de inocencia, lo que sería inconstitucional, pero que si implica que se le disminuye la carga probatoria al Estado. Como consecuencia, esto implica que se le aumente la carga probatoria al contribuyente. Y está claro que en el caso concreto la demandante ejerció su derecho a la contradicción y aclaró satisfactoriamente la documentación comprobatoria al punto que, se reitera, la DIAN admitió que no se había lesionado al fisco, pues quedó probado que C.I. PRODECO declaró los ingresos que por ley correspondían. Por las razones expuestas, prospera el recurso de apelación propuesto por la demandante y, en consecuencia, anulará los actos demandados. Y, a título de restablecimiento del derecho, declarará que la demandante no está obligada a pagar la sanción impuesta.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la eficacia del acto administrativo se reitera la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado de 26 de febrero de 2015, radicado 25000-23-27-000-2011-00268-01(20597) C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia que, a su vez, cita la sentencia C-957 de 1999 de la Corte Constitucional

NOTA DE RELATORÍA: En relación con los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la interpretación de las normas procesales citan las sentencias T- 691 de 2012 y C- 179 de 2016 de la Corte Constitucional

JURISPRUDENCIA – CONSEJO DE ESTADO 08001-23-31-000-2012-00162-01 20740 SENTENCIA

JURISPRUDENCIA – CONSEJO DE ESTADO 08001-23-31-000-2012-00162-01 20740 SENTENCIA